La "Ley Mordaza", oficialmente conocida como la Ley de Seguridad Ciudadana, fue aprobada en España por el Partido Popular en 2015. Esta limita las libertades civiles y restringe el derecho a la protesta, además, es una herramienta para silenciar la disidencia. Esto lo está viviendo Vito Quiles detenido el 20 de noviembre por los presuntos delitos de desobediencia y atentado contra la autoridad.
A Vito Quiles no le gusta la "Ley Mordaza" de M. Rajoy
Le ley del partido popular representa un punto de inflexión en la relación entre las libertades individuales y el control estatal en España
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La ley consta de múltiples disposiciones que abarcan desde sanciones por comportamientos considerados como altercados en manifestaciones hasta restricciones en la difusión de imágenes de agentes de policía. Conocida por su rigor y severidad, es un símbolo de la supuesta represión del gobierno (incluído el de Pedro Sánchez, porque la ley no ha sido eliminada) a la libertad de expresión y al derecho de reunión.
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Uno de los aspectos más polémicos de esta legislación es el establecimiento de multas considerables por participar en manifestaciones no autorizadas o por bloquear infraestructuras públicas. Estas sanciones puedrn ascender a miles de euros, lo que generó y genera preocupación sobre el impacto desproporcionado en la capacidad de los ciudadanos para ejercer su derecho constitucional a protestar pacíficamente y esto lo está notando Vito Quiles ahora, el periodista ultra de EDATV.
La ley también incluyó disposiciones que limitaban la libertad de expresión en las redes sociales y la publicación de imágenes de agentes de policía. La difusión de imágenes que puedan "atentar contra la dignidad" de los agentes puede resultar en sanciones
Además, se implementaron medidas que otorgan poderes extendidos a las fuerzas del orden, permitiéndoles actuar con mayor contundencia y autonomía en situaciones que consideraran conflictivas. Esto crea preocupaciones sobre posibles abusos de autoridad y la falta de rendición de cuentas en ciertos casos como en Cataluña o en otras manifestaciones que se han dado en España.
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La Ley de Seguridad Ciudadana fue criticada por organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y sectores de la sociedad civil, quienes argumentan que atenta contra derechos fundamentales y limita la democracia participativa. La ley es calificada como una herramienta para sofocar la disidencia y debilitar la capacidad de la ciudadanía para expresar sus opiniones y demandas de manera libre y pacífica.
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A pesar de las críticas, el gobierno del Partido Popular defendió la ley argumentando que era necesaria para mantener el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, muchos consideraron que estas justificaciones eran una excusa para restringir las libertades civiles en nombre de la seguridad.
Con el cambio de gobierno en España en posteriores años, se han promovido iniciativas para modificar esta ley, buscando revertir algunas de sus disposiciones más controvertidas. Sin embargo, nunca han llegado a un acuerdo y la ley continúa en las calles