Recrudecen las Protestas en Ayacucho en contra del Gobierno del Perú 

Las manifestaciones que estallaron por primera vez en Perù después de la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre han continuado desde entonces, principalmente en el centro y sur de Perú, donde se encuentra Ayacucho, alimentadas por denuncias de corrupción en el gobierno y los funcionarios electos, así como por la ira por las condiciones de vida y desigualdad en el país. Los manifestantes que luchan exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales cuanto antes y una nueva Constitución.

La antigua ciudad de Ayacucho, conocida por su historia preincaica y sus Iglesias coloniales, ha sido testigo de dramáticos estallidos de violentas protestas en medio de las manifestaciones. Solo en esta región de Perù, al menos 10 personas han muerto y más de 40 han resultado heridas, según la Defensoría del Pueblo del país.

Las protestas en Ayacucho y su contexto histórico de Lucha en  Peru 

La histórica región de Ayacucho fue el hogar de la civilización Wari y se convirtió en parte de el imperio Inca. Su capital, también llamada ahora Ayacucho, fue una de las principales ciudades durante la conquista española. Fue también cuna de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del Perú, como sede del grupo rebelde armado Sendero Luminoso durante las violentas protestas de décadas de los años 80 y 90.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del país, casi 70.000 personas murieron a causa del conflicto interno entre las fuerzas de seguridad peruanas, el grupo rebelde maoísta Sendero Luminoso, y el marxista-leninista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Tanto las fuerzas gubernamentales del Perù como los grupos rebeldes fueron acusados de violaciones de los derechos humanos mientras luchaban. Más del 40% de los muertos y desaparecidos de este cruento conflicto de protestas y luchas se registraron en la región de Ayacucho.Desde entonces, esta región recibe turistas locales e internacionales, se basa en la agricultura, la minería y la fabricación de productos locales. Pero todavía refleja las desigualdades del pasado. En comparación con la capital de Perú, Lima, el sistema de salud y educación de Ayacucho está subdesarrollado, con instalaciones y estándares muy por debajo de los que benefician a la capital.

El doloroso pasado de Ayacucho ha sido escenario de luchas en la región. El lenguaje despectivo utilizado por funcionarios públicos, parte de la prensa y del público para criticar a los protestantes, calificándolos de vándalos, criminales y “terroristas” ha tocado un nervio histórico.

Acusaciones de exceso de fuerza

Ayacucho es una de las regiones que ahora buscan responsabilizar a las autoridades peruanas por la presunta brutalidad contra los manifestantes en las protestas. La Fiscalía Nacional de Perù ya abrió una investigación preliminar contra la actual presidenta Boluarte, tres de sus ministros y mandos policiales y militares.

A nivel nacional, al menos 55 personas han muerto y más de 500 policías han resultado heridos en medio de las luchas desde que comenzaron los disturbios, según la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior.

La policía dice que sus tácticas coinciden con los estándares internacionales. Pero una misión de investigación a Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que se encontraron heridas de bala en la cabeza y la parte superior del cuerpo de las víctimas durante las protestas, áreas que los agentes del orden deben evitar para preservar la vida humana.

De acuerdo con las directrices emitidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “el uso de armas de fuego para dispersar una reunión siempre es ilegal”.Boluarte ha dicho que la decisión de desplegar a los militares ha sido difícil, y que ni la policía ni el ejército habían sido enviados a “matar”. También se refirió a las protestas como “terrorismo” cuando visitó a un policía herido en el hospital, una etiqueta que la CIDH ha advertido que podría instigar un “clima de más violencia”.